El servicio de agua y cloacas de Tucumán es malo. Lo dice la gente y lo reconoce el mismo interventor de la Sociedad Aguas de Tucumán, que explica que “basta con caminar por las calles para ver agua en todas partes. En la capital, por ejemplo, la mayoría de las cañerías ha cumplido su ciclo”. Se trata de una cuestión molesta, compleja, conflictiva y hasta crucial en algunas zonas de la ciudad y de la provincia que tienen severas deficiencias en la provisión de agua o que deben convivir con los derrames cloacales. Es tan grave y compleja la cuestión que en la audiencia convocada por el ente de control del servicio (Ersept) hubo más gritos y reclamos que búsqueda de salidas, si bien los problemas quedaron expuestos en toda su crudeza. En la entrevista al titular de la SAT el domingo pasado, este reconoció los problemas y que la idea de aumentar la tarifa era políticamente incorrecta. Advirtió que el Estado debía ver de dónde sacar fondos. “Sin inversión, esto no va a cambiar. El Estado provincial no tiene los fondos suficientes. Nuestro problema se divide en dos: necesitamos plata para encarar obras nuevas y para mantener lo que está funcionando. Hoy, hacemos malabares”.
Lo más urgente es la falta de adecuado mantenimiento de un sistema que parece en constante emergencia. Zonas sin agua o con baja provisión desde hace muchos años -como el barrio El Bosque- y lugares infectados de derrames cloacales. En los reclamos de lectores y en las críticas políticas se ven muchos de estos problemas. A fines de año la Municipalidad capitalina reveló que en algunos barrios había obstrucciones de hasta un 90% en cloacas. Los funcionarios han reconocido que en la última década se han hecho obras nuevas pero que nunca hubo un peso para arreglar o desincrustar las cañerías. “A corto plazo, necesitamos tener presupuesto para darles respuestas rápidas a los usuarios. Indefectiblemente, se deben mantener las redes actuales. A mediano y largo plazo, tenemos que cambiar todas las cañerías de agua potable y de cloacas de San Miguel de Tucumán, al menos”, dijo.
Lo que ha llamado la atención ha sido el reconocimiento de que no hay presupuesto para mantenimiento. El 55% de los ingresos de la SAT se va en sueldos y el resto queda para funcionamiento, lo cual, dice, es insuficiente. Calculó que harían falta $ 35 millones mensuales para mantener el sistema, lo cual ha llevado a opositores a plantear que el Gobierno debería resignar otros proyectos como el Centro Cívico o el estadio único. Ya antes un funcionario de la Municipalidad capitalina había sugerido que la Legislatura bien podría destinar $ 500 millones de sus excedentes financieros para este propósito.
De esto queda en claro que el Estado tiene que encarar la discusión. No se trata de quitar partidas asignadas de un sector sino debatir la forma de funcionamiento adecuado de las áreas básicas. Porque las ayudas que se han dado a la SAT (un préstamo de la Caja Popular que se diluyó casi todo en deudas de la empresa y un aporte no reintegrable de $ 40 millones que está destinado a obras urgentes) no sirven para ese mantenimiento constante. Esas ayudas son la expresión de la política de buscar fondos siempre para emergencia y muestran la precariedad con que se ha trabajado siempre en este servicio, más allá de quién sea la autoridad. Se necesita una política que contemple la problemática de agua y de las cloacas en toda su complejidad, asigne los fondos necesarios y apunte a un buen funcionamiento del servicio.